Introducción


Ingresos petroleros

El Ecuador es un país cuyo crecimiento y desarrollo se sustenta en las oportunidades que ofrece la industria petrolera y minera.

Desde que Ecuador se convirtió en un exportador neto de petróleo, esta actividad constituyó uno de los principales motores de la economía nacional y uno de los más importantes componentes de la administración fiscal.

Los recursos económicos que se generan a través de su actividad financian, y condicionan, gran parte del Presupuesto y por ende la Gestión Pública[1].

Sin embargo, mientras el mundo busca alternativas al uso de combustibles fósiles (energías renovables) y sus efectos (contaminación ambiental, calentamiento global) el Ecuador implementa políticas que profundizan su dependencia respecto del petróleo y la minería; y comprometen las opciones de desarrollo de futuras generaciones.

A pesar de la incorporación de mandatos relacionados con cambios en la matriz energética en la Constitución Política del Estado y el Plan Nacional del Buen Vivir, los desafíos de nuestro país deben referirse a los mecanismos que permitan la instrumentación de un nuevo paradigma de crecimiento y desarrollo que prescinda de los recursos naturales no renovables y propenda la sustentabilidad económica, social y ambiental. Estos esfuerzos que deben ser impulsados por el Estado, la Sociedad Civil y la empresa privada.


Se estima que los ingresos petroleros han representado cerca del 35% del Presupuesto General del Estado durante la última década, de acuerdo al Banco Central del Ecuador.

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